La Caja Provincial de Ahorros de Granada fue el intento más bonito de crear una entidad financiera granadina. Se puede decir que nació respaldada por todos los municipios de la provincia. Pero una más que cuestionable gestión, en la que acabaron imponiéndose los intereses políticos, la echó al traste en sólo quince años de existencia. Nació durante la dictadura con clara vocación de convertirse en la primera entidad de la provincia; logró atravesar la transición a trompicones; y acabó destrozada en las luchas intestinas de partidos políticos, o mejor dicho, de ciertos políticos que la utilizaron para sus propias ambiciones personales.
En 1970, los terratenientes y cooperativistas agrarios –comandados por Eduardo Jiménez Gil de Sagredo- habían conseguido crear la Caja Rural Provincial; su intención era acceder al crédito, pues ni la banca comercial ni la Caja de Ahorros les satisfacían. Empezaban a abrir oficinas en los pueblos.
La Caja Provincial de Ahorros de Granada fue el intento más bonito de crear una entidad financiera granadina. Se puede decir que nació respaldada por todos los municipios de la provincia. Pero una más que cuestionable gestión, en la que acabaron imponiéndose los intereses políticos, la echó al traste en sólo quince años de existencia
El anterior ejemplo de cooperativa rural lo debatieron en la Jefatura Provincial del Movimiento siendo jefe Sebastián Pérez Linares y Enrique Martínez-Cañabate, a la sazón vicepresidente y presidente, respectivamente, de la Diputación Provincial. ¿Por qué no crear una caja de ahorros de carácter provincial, al servicio de ayuntamientos y sus gentes? La ocasión la pintaban parda, ya que todos los solares del antiguo Hospital de San Lázaro –propiedad de la Diputación- iban a ser subastados; los habían tasado en 153 millones de pesetas y el Banco de España sólo exigía 60 para crear una entidad financiera.
Así es que ni corto ni perezoso, el presidente de Diputación Enrique Martínez-Cañabate Moreno propuso al pleno la creación de la Caja Provincial de Ahorros, que fue aprobada por aclamación. Corría el día 14 de mayo de 1973. Se creó una comisión redactora de estatutos y se inició la compleja tarea burocrática. Diputación compró un local en la Plaza Mariana Pineda, 7, que iba a ser la oficina principal; se elevaron consultas al resto de cajas andaluzas, se solicitó entrada en la CECA, se empezó a buscar director general (el primero fue José Manuel Villamil González, traído de Ávila, junto al subdirector José Luis Moreno López).
A pesar de la crisis del petróleo de 1973, la Caja Provincial comenzó a arraigar en Granada. El primer año (1975) captó 15,9 millones de depósitos; los ahorros de ayuntamientos y sus habitantes comenzaron a llegar con rapidez, cada año se duplicaban: 1977 (1.449 millones), 1980 (5.169), etc.
En 1981 ocurrió un hecho trascendente para el crecimiento de la Caja Provincial: la quiebra de Fidecaya. Era una entidad de ahorro particular, fundamentalmente de ámbito rural, que tenía más de 200 empleados/comisionistas en la provincia de Granada, además de 21 oficinas en los pueblos. El Banco de España adjudicó a la Caja Provincial de Granada la absorción de las oficinas, sus trabajadores y los fondos que correspondían a los ahorradores de la provincia. En la práctica, supuso que la Caja Provincial creció como la espuma, pero también asumió buena parte de los problemas de Fidecaya.
Estábamos en 1981 y, por tanto, a mitad de la primera corporación provincial democrática. Los diputados provinciales políticos se sentaban ahora en el consejo de administración, en vez de los alcaldes apolíticos de los pueblos. Aquella primera corporación democrática tomó la decisión de abrir oficinas en la mayoría de poblaciones; en muchos casos, las aperturas se hacían por presiones políticas, sin previos estudios de viabilidad
Estábamos en 1981 y, por tanto, a mitad de la primera corporación provincial democrática. Los diputados provinciales políticos se sentaban ahora en el consejo de administración, en vez de los alcaldes apolíticos de los pueblos. Aquella primera corporación democrática tomó la decisión de abrir oficinas en la mayoría de poblaciones; en muchos casos, las aperturas se hacían por presiones políticas, sin previos estudios de viabilidad. Era curioso ver cómo las aperturas siempre iban acompañadas de personal cercano a los diputados. En sólo seis años completos de actividad, la Caja Provincial había dejado de ser una entidad de tipo familiar para convertirse en una caja de tipo medio. En 1983, con la llegada de José Luis Medina Izquierdo a la presidencia, se acometió un nuevo plan de expansión, con la apertura de cuatro nuevas oficinas.
La Caja Provincial iba como un tiro. El año 1983 lo cerró con 11.515 millones de pasivo. Comenzaba a desarrollar una importante obra social-cultural con la parte de los beneficios que obtenía. Ya se había convertido en segunda caja de ahorros de Granada. Incluso se apuntó el tanto de colocar el primer cajero automático que tuvo la provincia. El sector público provincial era su fuerte, todos los ayuntamientos trabajaban con ella. Se propusieron una agresiva política de apertura de oficinas, de manera que antes de 1986 todos los municipios mayores de 800 habitantes contarían con una oficina de la Caja Provincial. En la capital, al menos habría quince oficinas.
Para entonces, 1983, el PSOE se había hecho con la presidencia de la Diputación. Pero a costa de la llamada “rebelión de los catetos”. La rebelión de varios alcaldes alzó a la presidencia al candidato no oficial señalado desde Sevilla. Juan Hurtado Gallardo y su grupo, apodados “los catetos”, fueron expulsados del PSOE, pero mantuvieron el poder en la Diputación. Y, por tanto, también dentro de la Caja Provincial.
Si en años anteriores ya se habían detectado malas prácticas bancarias en la joven entidad –propiciadas por presiones de los políticos en el consejo-, esta tendencia se iba a ir acrecentando en años siguientes. Pero aun así, la Provincial continuó su crecimiento: en 1984, primer año de los “catetos”, se situó en 13.179 millones de pasivo, para subir hasta 19.858 millones en 1986
Si en años anteriores ya se habían detectado malas prácticas bancarias en la joven entidad –propiciadas por presiones de los políticos en el consejo-, esta tendencia se iba a ir acrecentando en años siguientes. Pero aun así, la Provincial continuó su crecimiento: en 1984, primer año de los “catetos”, se situó en 13.179 millones de pasivo, para subir hasta 19.858 millones en 1986.
Por fin, en la renovación de 1987, el PSOE consiguió la presidencia de la Diputación y también de la Caja Provincial. El nuevo presidente era Vicente Azpitarte Almagro, que la ganó al “cateto” José Luis Medina Izquierdo. El presidente pasó a ser un cargo ejecutivo al empezar 1988, profesionalizado y con sueldo; la primera consecuencia fue la salida del director general fundador, José Manuel Villamil, antes de que acabara el año.
Cuando llegó Vicente Almagro a la presidencia, el Banco de España ya había detectado demasiados riesgos en la gestión. Nada más tomar posesión le visitaron los inspectores del Banco de España (abril de 1988); no sólo venían por los números, también por causa del excesivo ruido que habían dado los políticos con sus peleas en la prensa. Los inspectores sacaron peligrosas inversiones de debajo de las alfombras; para empezar, había 743 millones de pesetas de cobro dudoso, que venían a sumarse a otros 900 ya apuntados por la propia Caja. Muchos de esos millones se achacaban a apuestas inversoras sin estudio de viabilidad, concedidos por presiones e influencias de alcaldes. Hubo que constituir un fondo de insolvencia de 524 millones, rebajar considerablemente los recursos propios y elaborar un plan estratégico. El Banco de España vigilaba estrechamente a la Caja Provincial de Ahorros de Granada. Quería quitársela de en medio para que no causase problemas.
Empezaba a hablarse de falta de liquidez; comenzaron a cerrar oficinas (Caniles, Pitres, Torvizcón, Alquife…) Se pactó con Caja Granada el cierre de oficinas pequeñas, a ver si había trasvase de fondos. Pero ni así se enderezó la situación. La Provincial arrastraba una política de riesgos y gastos que sus fondos propios no podían soportar. Los beneficios se le hundieron y los saneamientos crecieron de manera desorbitada (en 1989 sólo ganaron 6 millones de pesetas, frente a los 212 de dos años atrás).
Aquel año 1989, la Provincial estaba abocada a la quiebra. Antes de que ocurriera este hecho tan grave, el PSOE (por indicación del Banco de España), recomendó el inicio de una operación sigilosa para entregar la Caja Provincial a la Caja de Ahorros de Granada. En ambos consejos dominaban personas del mismo partido, si bien en la presidencia de Caja Granada estaba el independiente Manuel Martín Rodríguez
Aquel año 1989, la Provincial estaba abocada a la quiebra. Antes de que ocurriera este hecho tan grave, el PSOE (por indicación del Banco de España), recomendó el inicio de una operación sigilosa para entregar la Caja Provincial a la Caja de Ahorros de Granada. En ambos consejos dominaban personas del mismo partido, si bien en la presidencia de Caja Granada estaba el independiente Manuel Martín Rodríguez. En Caja Granada no se tuvo más remedio que “invitar” a la Provincial a iniciar conversaciones para una futura integración entre ambas. Corría el 29 de marzo de 1989 cuando ambas partes se reunieron por vez primera. La enferma sangraba abundantemente.
La gravedad de la situación de la Provincial allanó el acuerdo, pues el 30 de mayo de 1989 fue firmado el protocolo de fusión entre ambas entidades. Ya sólo quedaban unos meses para acometer los flecos de la absorción. La Caja Provincial de Ahorros de Granada se diluía en Caja Granada. Con el socialista José Olea Varón de maestro de ceremonias, en su calidad de presidente de la Diputación; le quedaba poco tiempo para alzarse también con la presidencia de la todopoderosa Caja de Ahorros de Granada, sin duda el cargo más deseado por cualquier político de la época.
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| 1983 HF |
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